JEP recibió informe sobre rol del Ejército en masacres cometidas entre 2000 y 2001

Al menos 17 generales y comandantes del Ejército de Colombia fueron cómplices de las masacres paramilitares que se ensañaron con la población de la región de los Montes de María (Sucre y Bolívar) entre el 2000 y 2001, asegura un informe entregado a organismos de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

El informe “El silencio de las Gaitas”, impulsado por la Comisión Colombiana de Juristas, fue entregado a la JEP y a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), para que llamen a los señalados a dar versiones voluntarias sobre su participación en los hechos.

El estudio se centra en diez masacres de las 41 que se cometieron en esa región entre los años 2000 y 2001, perpetradas por grupos como el Bloque Héroes de los Montes de María y otros frentes paramilitares.

Sus acciones terminaron con el asesinato de 175 personas en las diez masacres documentadas; la de Ovejas, El Salado, Mampuján- Las Brisas – San Cayetano, Hato Nuevo, La Libertad, Curva del Diablo, Chinulito y El Cerro, Macayepo, Carmen de Bolívar y Chengue.

Investigaciones y pruebas

El paramilitarismo fue fruto “de una estrategia estatal” con una “alianza entre agentes del Estado, paramilitares, ganaderos y propietarios de la tierra” con el fin principal de “la apropiación de la tierra”, dijo en una rueda de prensa el abogado Jorge Molano.

Así pues, se plantea la duda de “cómo es que la Primera Brigada de Infantería de Marina (BRIPRIMA) no hizo nada para proteger a la población civil y por qué se lograron cometer los asesinatos en el lapso menor de un año”, aseguró el portavoz de la Comisión Colombiana de Juristas, Sebastián Bojacá.

Por ejemplo, en la masacre de El Salado, una de las más sangrientas del conflicto, centenares de paramilitares duraron tres días en ese pueblo cometiendo asesinatos y torturas “ante la pasividad de los cuerpos de seguridad que habían recibido avisos”, subrayó Bojacá.

Los investigadores basaron parte del estudio en testimonios de paramilitares ante el proceso de Justicia y Paz que contempló una ley para su desmovilización en 2005 o en testimonios dados a la Fiscalía.

Por ejemplo, recogieron el testimonio de Uber Enrique Banquez Martínez alias “Juancho Dique”, exjefe paramilitar que aseguró que las listas con las futuras víctimas de las masacres eran otorgadas por la oficina de inteligencia de la Brigada de Infantería de Marina.

Las pesquisas de los investigadores, además, “han dado a establecer que posiblemente hubiesen participado miembros de la BRIPRIMA, al mando del entonces contraalmirante Rodrigo Quiñonez Cárdenas y también de mandos de la Policía en Bolívar y Sucre”, agregó Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

“En cinco de los diez hechos registrados, integrantes de las unidades tácticas adscritas a la BRIPRIMA brindaron algún tipo de apoyo directo a las incursiones armadas”, aseguró Escobar.

En tan solo un año (2000 – 2001) y después de la masacre de El Salado, hubo casi 28.000 familias sacadas a la fuerza de la región, casi el mismo número de desplazamientos forzados ocurridos entre 1985 y el 2000, periodo en el que se contabilizaron 30.677 desplazamientos.

“Las masacres fueron acompañadas de actos crueles, inhumanos, degradantes, con una crueldad sin límite, violencia sexual, tortura, desplazamiento, incendios. Y es un miedo que permanece, un terror que acompaña de por vida a las víctimas”, aseguró Molano.