“Un intento de expropiación”: ICP sobre orden del presidente Petro para licitar Canal 1

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) expresó este 20 de agosto de 2025 su profundo rechazo a la orden del presidente Gustavo Petro para iniciar la licitación del Canal 1, que actualmente está bajo concesión legalmente vigente hasta 2037 en manos de Plural Comunicaciones SAS. Esta medida, tomada en un consejo de ministros, es calificada por el ICP como un acto arbitrario que rompe con el Estado de derecho y amenaza la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de empresa en Colombia.

El ICP explica que un contrato de concesión no puede ser terminado unilateralmente ni de forma discrecional sin un debido proceso que declare formalmente un incumplimiento contractual. En el comunicado explica que:

“Adoptar decisiones al margen del debido proceso violaría el principio de legalidad y los derechos adquiridos de Canal 1, exponiendo al Estado a condenas millonarias y a un grave detrimento patrimonial”. La orden presidencial, sin justificación jurídica clara y con insinuaciones de supuestas “irregularidades” en el contrato, es vista como un intento de “expropiación” que atenta directamente contra la libertad de prensa y el pluralismo informativo. En sus palabras, esta acción “socava la seguridad jurídica y la libertad de empresa, principios esenciales para el fomento de la autonomía ciudadana y la atracción de inversión”.

Este es el comunicado oficial: 

Canal 1 ha estado en el centro de un conflicto político y administrativo. Desde el gobierno han señalado supuestas irregularidades que, según denuncias de Plural Comunicaciones, no constituyen un incumplimiento del contrato sino ajustes permitidos en la estructura de la empresa. Pese a ello, organismos estatales como el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Superintendencia de Sociedades han intervenido con presión que el ICP considera excesiva y que pone en riesgo la autonomía editorial del canal.

Ante la situación el presidente del canal, Ramiro Avendaño, señaló que no existe sustento jurídico para solicitar esto:

“La concesión de Canal 1 está vigente hasta mayo del 2037 por ley de la República. Además, desconocemos las intenciones políticas detrás del matoneo sistemático con un medio libre y plural que defiende la democracia, la libertad de prensa y representa los intereses de todos los colombianos”.

Por otro lado, el ICP alerta además que esta situación es parte de una persecución política más amplia contra los medios de comunicación independientes, en un contexto donde el presidente Gustavo Petro ha calificado públicamente a los medios como “enemigos del pueblo”, lo que deteriora el espacio para la deliberación democrática. Canal 1, en este marco, se ha convertido en blanco de esta ofensiva gubernamental.

Finalmente, el Instituto anunció que llevará este caso ante diversas organizaciones políticas y académicas internacionales, para denunciar lo que consideran un atentado a la democracia liberal y al Estado de derecho en Colombia, además de un daño a la libertad de prensa y empresarial. Desde marzo de 2024 ya habían alertado sobre la delicada situación del Canal 1 a autoridades internacionales, buscando protección para este espacio público. En un contexto de tensión política, legal y mediática que plantea riesgos importantes para la independencia institucional y la pluralidad informativa en Colombia.

El contenido de esta noticia se relaciona con asuntos que afectan directamente al concesionario del Canal 1.