¿Ataque a libertad de Prensa? Qué significaría la anticipación de la concesión de Canal 1
Muchas han sido las voces que se han unido para rechazar la orden del presidente Gustavo Petro. Aquí te explicamos con detalles la situación.
- Petro ordena licitar al Canal 1: así fue como más de 40 medios lo reportaron
- “Un intento de expropiación”: ICP sobre orden del presidente Petro para licitar Canal 1

Tras el polémico comentario de Gustavo Petro el pasado viernes 15 de agosto durante un consejo de ministros, en el que el mandatario ordenó al ministro de las TIC, Julián Molina, anticipar la licitación para el Canal 1, a pesar de que la concesión actual paga hasta 2037, se ha generado un amplio debate.
Según información de la Editorial del día de hoy 20 de agosto del periódico ‘El Tiempo’, Petro asegura que existen “irregularidades”, postura respaldada por el Ministerio de las TIC, que afirmó que Plural Comunicación SAS, la operadora con la cual el canal firmó la concesión, incumplió algunos acuerdos cuando el medio y el grupo español Prisa firmaron un contrato que, según el MinTIC, no estaba autorizado.
Sin embargo, estas recientes declaraciones por parte del jefe de Estado y del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones generan preocupación en los medios que informan a los colombianos, ya que en más de una ocasión el presidente de la República se ha referido a la prensa como “medios hegemónicos” e incluso como “muñecas de la mafia”.
Estos y otros comentarios despectivos no han sido justificados por Gustavo Petro, pero suelen relacionarse o compararse con amenazas similares a las que en su momento Hugo Chávez hizo a una entidad por no obedecer órdenes de su gobierno, lo que ha sido interpretado como un tipo de amenaza.
Por esta razón, varios medios temen por la libertad de prensa y el posible proceder del Gobierno ante esta situación con la licitación del Canal 1. Aunque el canal 1 asegura tener la concesión vigente hasta 2037, se mantiene la expectativa sobre las acciones que pueda tomar el Ejecutivo. Si el Gobierno decide anticipar la terminación del contrato sin un motivo justificado, el país podría enfrentarse a una indemnización millonaria.
Es así como la decisión sobre la terminación de la concesión debe tomarse con argumentos y pruebas justificadas, para evitar que se interprete como un intento de control a los medios y, con ello, poner en riesgo no solo la libertad de información, sino también la política y el rumbo del país.