Gobierno presenta ante Corte Constitucional su defensa jurídica y técnica sobre el impuesto solidario

La Presidencia de la República presentó ante la Corte Constitucional un extenso documento en el que hace una defensa técnica y jurídica del Decreto 568 con el que se instauró el llamado impuesto solidario (que se descuenta a los trabajadores del Estado que ganan más de $10 millones al mes) y que figura en el paquete de decretos que están siendo revisados por la Corte.

En el documento firmado por la secretaria jurídica de la Casa de Nariño, Clara María González, se revela que la cifra que se espera recaudar entre mayo y julio, con ese descuento son $287 mil millones de pesos.

Además de exponer las razones por las cuales se necesita que los empleados públicos paguen esa plata, la Presidencia de la República explica los motivos que llevaron a excluir de ese cobro a los miembros de la Fuerza Pública, entre ellos a los generales que ganan más de $10 millones.

El principal argumento que expuso el Gobierno es que los altos oficiales de la Fuerza Pública que se ganan más de $10 millones no deben sufrir el descuento porque están disponibles 7 días a la semana 24 horas al día y adicionalmente están haciéndole un gran aporte a la sociedad con su trabajo y exposición en esta época del coronavirus.

¿A cuántas personas se les está haciendo el cobro? Le preguntó la Corte Constitucional al Gobierno. A solo el 2 % de los empleados públicos que son los que ganan más de $10 millones mensuales, fue la respuesta.

En el documento se dice que hay 1’086.000 (un millón ochenta y seis mil) trabajadores en el Estado, de ellos el 98 %, es decir 1’063.000 (un millón sesenta y tres mil) ganan menos de $10 millones, por lo que el aporte solidario lo están pagando 23 mil trabajadores que corresponden al 2 % de la nómina oficial.

Al final el Gobierno explica que los empleados privados no se incluyeron en el cobro de ese impuesto porque en esta crisis por el coronavirus el sector privado no se tiene la estabilidad que se tiene en el sector público.

El documento termina con un dato sobre posible pérdida de empleo: de las 9’965.000 (nueve millones novecientas sesenta y cinco mil) personas que hay ocupadas, el 44 % están en riesgo de perder su trabajo, es decir 4’384.000 (cuatro millones trescientas ochenta y cuatro mil).