ELN: la guerrilla que ha usado el secuestro como arma de guerra en Colombia por más de 50 años
Un repaso por la trayectoria del ELN, que ha usado el secuestro como una de sus principales formas de financiación, presión y propaganda por más de 50 años.
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El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es la última guerrilla activa en Colombia y una de las más antiguas de América Latina. Desde su fundación en 1964, ha utilizado el secuestro como una de sus principales formas de financiación, presión y propaganda. A lo largo de su historia, ha retenido a miles de personas, entre civiles y militares, nacionales y extranjeros, con fines políticos, económicos o humanitarios. Algunos de estos secuestros han tenido un gran impacto en la opinión pública y en el desarrollo del conflicto armado colombiano.
El origen del ELN se remonta a la década de 1960, cuando Colombia estaba saliendo de un periodo de violencia política bipartidista conocido como “La Violencia” y se veía influenciada por la Guerra Fría y la Revolución Cubana. Un grupo de estudiantes, intelectuales y sacerdotes, inspirados por el marxismo-leninismo y la teología de la liberación, decidieron tomar las armas para luchar contra el Estado y el capitalismo. Entre sus fundadores se destacan los hermanos Fabio y Manuel Vásquez Castaño y el cura Camilo Torres Restrepo, quien se convirtió en un símbolo de la guerrilla tras morir en combate en 1966.
Desde sus inicios, el ELN se caracterizó por su radicalismo ideológico, su autonomía frente a otros grupos guerrilleros, su vinculación con la Iglesia católica y su apoyo a las comunidades campesinas. Sin embargo, también se distinguió por su uso del secuestro como una forma de financiar sus operaciones, presionar al gobierno, denunciar la situación social y política del país y negociar la liberación de sus propios combatientes. Entre sus primeras víctimas se encuentran terratenientes, ganaderos, empresarios, políticos y diplomáticos.
Durante la década de 1970, el ELN sufrió una fuerte ofensiva militar que casi lo extermina. Sin embargo, logró reorganizarse y rearmarse en la frontera con Venezuela, donde estableció alianzas con el gobierno de Hugo Chávez y con otros grupos armados ilegales. A partir de los años 80, el ELN incrementó sus acciones de secuestro, especialmente contra trabajadores y contratistas de empresas petroleras multinacionales que operaban en la región de la Orinoquía. También secuestró a cocaleros, mineros, comerciantes, periodistas, religiosos y turistas.
En los años 90, el ELN protagonizó algunos de los secuestros más masivos y mediáticos de la historia colombiana, como el de los 60 feligreses de la iglesia La María en Cali en 1999, el de los 149 pasajeros del avión Fokker de Avianca en 1999 y el de los 70 diputados de la Asamblea del Valle en 2002. Estos hechos generaron una gran indignación y rechazo nacional e internacional, y pusieron en evidencia la crueldad y el cinismo de la guerrilla. Algunos de estos secuestrados fueron liberados tras largas negociaciones, otros fueron rescatados por la fuerza pública y otros murieron en cautiverio o en medio de operativos militares.
En el siglo XXI, el ELN ha mantenido su práctica del secuestro, aunque con menor intensidad y visibilidad. Según el informe de la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2018, el ELN fue responsable del 17% de todos los secuestros del conflicto armado colombiano, es decir, más de 9.500 personas. Entre sus víctimas más recientes se encuentran el excongresista Odín Sánchez, el periodista español Salud Hernández, los periodistas holandeses Derk Bolt y Eugenio Follender, el equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, el geólogo chileno Óscar Villalobos y los padres del futbolista Luis Díaz.
El secuestro ha sido uno de los principales obstáculos para el avance de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN, que se iniciaron en 2017 y que actualmente se encuentran en un impasse. El gobierno de Gustavo Petro ha exigido al ELN que libere a todos los secuestrados como condición para continuar con la negociación, mientras que el ELN ha pedido al gobierno que cese las operaciones militares y que reconozca el carácter político de sus acciones. Ambas partes han expresado su voluntad de alcanzar la paz, pero también han mantenido su postura frente al secuestro, que sigue siendo una de las prácticas más repudiadas y dolorosas del conflicto colombiano.