Piden a la JEP revisar concepto por atentado con un ‘burro bomba’ perpetrado por las Farc
El Ministerio Público solicitó a la Sección de Apelación de la JEP, recalificar el caso para expedir un concepto más garantista para los derechos de las víctimas
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La Procuraduría pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz, revisar la decisión de su Sala de Amnistía o Indulto (SAI) por el ataque ocurrido en 1996 en Sucre, que dejó 11 policías muertos.
El Ministerio Público consideró que no se hizo un estudio integral del caso y se dejaron de lado varios hechos importantes cometidos durante el ataque y la afectación a la población civil.
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El procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta Aristizábal, aseguró que los ataques y afectaciones del caso ocurrido en Sucre, que no estudió la Sala de la JEP (SAI), “evidencia la infracción del principio de humanidad u denota que se trató de una conducta con efectos y daños colectivos al municipio de Chalán y a la población civil, y no solo a la estación de Policía y a los miembros de la fuerza pública que fallecieron“.
Según el ente, existe un “fenómeno de macrovictimización”, ya que no solo los uniformados fueron objeto del ataque, sino que la población civil también fue víctima, “de ahí que el homicidio ordinario fue agravado por sus fines terroristas”, añadió el procurador delegado.
Se solicitó que el caso se estudie teniendo en cuenta el Derecho Internacional Humanitario contemporáneo.
“Lo cual permitirá analizar lo ocurrido a partir de los principios de permisión (derivados de la ventaja militar de una operación), y protección (que se desprenden de la distinción) que incluyen precaución, humanidad, proporcionalidad y necesidad militar, que no fueron previstos por la JEP”, confirmó la Procuraduría.
Agrega el ente, que contrario a lo dicho por la JEP, sí se puede inferir tanto la eventual existencia de una función continua de combate por parte de los policías, como una ventaja militar concreta y directa, derivada de la presencia de armamento de largo alcance (12 fusiles Galil, 5 revólveres calibre 38) en el comando, lo cual convertiría a los policías de esa estación en objetivo militar.
“Al reducir la magistratura, el análisis al principio de distinción, sin evaluar los fines o propósitos militares perseguidos con el ataque –ventaja militar– en virtud del conflicto armado, podría perder competencia material, la JEP y la investigación le correspondería a la justicia ordinaria”, se explica en el documento.