Distrito presentó dos decretos que reforzarán la seguridad para biciusuarios en Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López anunció la expedición de dos decretos por medio de los cuales se establece la obligatoriedad del Registro Bici y la implementación de la estrategia Rutas Seguras.

La expedición de estos dos decretos se da como cumplimento a los compromisos establecidos en una mesa de trabajo entre los colectivos de ciclistas de Bogotá y las autoridades del Gobierno nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Le puede interesar: Capturan a Emilio Tapia y a otros dos involucrados en el escándalo de Centros Poblados

“En materia de movilidad nos comprometimos a hacer cada vez más fuerte este registro en Bici, que ya es obligatorio a nivel distrital, pero vamos a proponerle al Ministerio de Transporte y al Ministerio del Deporte que sea obligatorio a nivel nacional”, indicó el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán.

Al respecto, los ciclistas han solicitado mayor seguridad y apoyo por parte del Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación y las altas cortes para definir penas más severas contra los delitos asociados al hurto, receptación y comercialización de objetos de bicicletas.

Le puede interesar: Abaten en Chocó a alias ‘Fabián’ y alias ‘Carlitos’, cabecillas del ELN

“Queremos trabajar con el Gobierno nacional y con el Congreso de la República, a propósito de la Ley de Seguridad Ciudadana que estará en trámite en los próximos días, para que se convierta en delito autónomo el hurto de bicicletas; y también más sanciones que podemos complementar a las ya existentes, principalmente en temas de reincidencia”, expresó el secretario de Seguridad, Convivencia y Justica, Aníbal Fernández de Soto.

Los decretos expedidos por la Administración Distrital representan el cumplimiento de los compromisos establecidos con los colectivos ciclistas para disminuir y desincentivar el hurto a bicicletas.

En relación con el registro Bici Bogotá, a través del Decreto 242 de 2021, la Alcaldía Mayor establece la obligatoriedad por parte de los propietarios de realizar este proceso con el fin de consolidar un instrumento que le permita a las autoridades verificar el vínculo de los usuarios y usuarias con la bicicleta en la que se movilizan.