Denuncian millonarios cobros por licencias de construcción a 8000 familias de Medellín

Un grupo de personas en Medellín denuncia millonarios cobros por construcciones que se hicieron hace más de 10 años, sin embargo, solo hasta ahora les llegó la notificación de la deuda que tienen incluso con intereses.

Lucía Ramírez y su esposo construyeron en el año 2009, en el barrio Manrique de Medellín, el segundo piso de una vivienda que su padre le dejó de herencia. Ella asegura, que en ese entonces solicitó los permisos y la documentación legal para la reforma, pero 10 años después recibió una notificación de una deuda por la licencia de construcción, cobro que antes no le mencionaron, por lo que ahora tienen una deuda de 25 millones de pesos incluso con intereses.

“Yo tengo entendido que cuando a uno le dan una licencia de construcción y tiene todos los  impuestos y todas las cosas pagadas, ya uno no debe más, pero cómo es posible que desde el 2009 al 2017 que nos llegó la carta, nos dicen que debemos toda esa plata, entonces por qué nos dieron la licencia”, dijo Ramírez.

La casa fue vendida por otras deudas que tenían sus propietarios y ahora viven en arriendo, con preocupación denuncian que el decreto de cobro fue expedido en el año 2015 y que su construcción fue hecha años atrás.

Jesús Ramírez, el esposo afectado, sostuvo que donde les hubieran “dicho en el momento que teníamos que pagar esa licencia por una cuestión urbanística, no hubiéramos construido porque no teníamos plata”.

Son en total 8000 los requerimientos de cobros a la construcción que tiene la Secretaría de Control y Gestión Territorial, admiten que existen y que son legales, incluso si se trata de años anteriores  pues  la pasada administración no los procesó.

José Nicolás Duque, secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, indicó que “efectivamente las obligaciones urbanísticas son legales, no es un impuesto ni no es un tributo, es una compensación y cualquier persona que desarrolla un proceso constructivo esta llamada a compensar para que el municipio pueda gozar de espacio público y parques”.

La secretaría asegura que revisarán cada caso para determinar si se hará o no el cobro. Entretanto Lucía Ramírez y otras 7900 personas a las que les llegó el cobro esperan que sean reconsiderados, pues en su mayoría aseguran que no tienen como pagar los $25 millones.