Decreto de brazaletes electrónicos pretende quitarle una carga económica al Estado

Con el decreto 1058 de 2021, la Presidencia de la República dispone que los reclusos del país, beneficiados con detención domiciliaria, estén obligados a pagar por obtener su propio brazalete electrónico.

Aunque en un principio se pensó que la medida pretendía combatir el hacinamiento, fuentes advierten que lo que pretende es no imponerle una carga económica al Estado cuando se compruebe que los reclusos tengan capacidad económica.

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Los que no cuentan con medios para pagar el brazalete lo recibirán gratuitamente, después de una valoración que realizará el Gobierno nacional con base a que estén registrados en el SISBÉN o no declaren renta.

El director del INPEC, Mariano Botero, expresó que “este brazalete se le entrega a personas próximas a cumplir su condena y que hayan tenido buen comportamiento”.

Extraoficialmente se habla de 700 mil pesos como costo de los brazaletes.