¿Crisis en La Dorada? Tras despido masivo sindicato sigue reclamando por derechos de trabajadores

Desde el año 2021, el alcalde de La Dorada, Caldas, César Alzate, inició un proceso de modernización institucional en el área administrativa, según él, para organizar la planta del personal, pues veía duplicidad en las funciones, sobrecarga laboral y divisiones que no tenían nada que ver con la planta, generando un déficit fiscal.

Sin embargo, esto dejó a madres cabeza de familia, una persona discapacitada y funcionarios que entraron por mérito propio, desempleadas, sin ningún respaldo y con un comunicado general de su despido.

En exclusiva para el Canal 1, Dania Janeth Rojas, presidente y representante Legal de la Organización Sindical SintraMunicipios Caldas, encargados de velar por los derechos de los trabajadores de la Alcaldía de La Dorada, denunció la persecución a la que se han tenido que someter desde hace varios meses, tras reclamar lo que les corresponde.

Sindicato solicita que se restablezcan sus derechos tras despido masivo en La Dorada

Según Rojas y Diana Marcela Ostos, desde el momento en que comenzó la restructuración hubo errores, ya que la consultora privada contratada por la Alcaldía, Duque & Arango Asesores S.A.S. encargados de estudiar las cargas laborales y análisis financiero: “No tenían la experticia técnica, ni el conocimiento para hacer ese tipo de estudios”.

“Fue una empresa creada, no con la antigüedad, que está incluso dentro del pliego de condiciones para contratarlos, no tenía tampoco la experiencia de hacer este tipo de consultorías”, indicó Ostos, resaltando la importancia de conocer la normatividad y lineamientos en el entorno público.

Asimismo, agregó que el aumento en la planta de personal sí se dio con un estudio previo de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) desde el año 2018, puesto que la planta era muy pequeña y había demasiadas personas bajo contratación de prestación de servicios, realizando funciones misionales en la entidad.

Con esto se dio paso a nuevos empleados que ingresaron en 2020, pero la nueva administración de Alzate no estuvo de acuerdo, recibiendo el estudio de la consultoría, donde firmó el decreto 151, en el cual suprime 72 empleos de la administración municipal.

Y es que esto no es lo que más preocupa a los miembros del sindicato, ya que, aunque el alcalde Alzate afirmó que todo se debía a un déficit fiscal, SintraMunicipios informó que se han contratado otras personas bajo prestación de servicios e intereses políticos para desempeñar los cargos que fueron eliminados.

Después de varias tutelas y la lucha del sindicato, se consiguió que por un periodo de cuatro meses las personas pudieran acudir a las autoridades competentes para anular el decreto 151 del 20 de agosto de 2021.

Aunque varios funcionarios se acogieron, no obstante, desde enero de 2022 han sido violados los procesos, sin generar ninguna protección para definir su situación.

Esto podría generar más gastos, pues mientras contratan otros funcionarios, de obtener una sentencia desfavorable, la Alcaldía tendría que asumir los pagos correspondientes por los perjuicios que les ocasionó a los empleados.

SintraMunicipios también denunció la ausencia de elementos para desempeñar sus labores y la falta de pagos a sus compañeros desde hace varios años, razón por la que se generó un “malestar” con la administración, que no les da la garantías, sin darles el respectivo pago a las personas que protestan.

Incluso el alcalde tuvo una orden de captura por estos incumplimientos. Además, han solicitado documentos confidenciales y tutelas contra el sindicato que pueden traer represalias contra los funcionarios.

Pese a que, en el momento los jueces se fueron a favor de la administración de Alzate, SintraMunicipios comunicó que llegará hasta las últimas instancias para que todo esto sea investigado y logren recuperar sus derechos.