Corte Suprema condena al exsenador Mario Castaño a 15 años y nueve meses de prisión
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La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador del Partido Liberal, Mario Castaño, a 15 años y nueva meses de prisión, y a una multa de 11.968 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por su papel protagónico en una red de corrupción que se quedó con millonarias ‘tajadas’ de contratos estatales.
Lo condenan como autor del delito de concierto para delinquir agravado, concusión y como determinador de los delitos de estafa agravada y peculado por apropiación.
La Corte condenó a Castaño por “intervenir en la viabilidad de los proyectos de “Sacúdete al Parque” en los municipios de Armero Guayabal, Tolima y Villamaría, Caldas, arreglando que varias personas lograran la ejecución de estos para apropiarse del erario público, con la participación de los alcaldes de los respectivos entes territoriales”.
Por “intervenir indebidamente en los contratos de diseño de las canchas sintéticas en los municipios de Piendamó y Suárez, del departamento del Cauca, y Samaná, Caldas, particularmente, en la selección de contratistas determinados, para que con posterioridad estos beneficiarán a los integrantes de la organización criminal”.
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Por “instigar a los particulares Nova Lorena Cañón Reyes, Pablo Gómez y James Peña Garzón para que obtuvieran 2.000 millones de pesos del Estado mediante la presentación ante el Ministerio de Cultura del proyecto de la “Escuela Taller” de Salamina, de los cuales parte se destinaría al aforado y a otros implicados”.
Por “instigar, respecto del contrato de obra de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y el consorcio San Miguel, mediante una cadena de determinaciones a integrantes de la organización delictiva, entre ellos, a Santiago Castaño Morales y Juan Carlos Martínez, así como a miembros del citado consorcio para que se apropiaran de una suma de 1.560 millones de pesos, en beneficio propio y de otros”.
“Gestionar la contratación de Juan Carlos Martínez Rodríguez y Daniela Ospina Loaiza ante el Senado de la República, con conocimiento de que los recursos por ellos obtenidos no se corresponderían con la prestación efectiva de sus servicios, apropiación en la que resultó determinante la decisión del jefe de la División de Talento Humano del Senado de la República, Rubén Darío Iregui González”.
A su vez, por “exigir dinero, mediante Juan Carlos Martínez Rodríguez y Alejandro Noreña Castro, a Carlos Andrés Serna Idárraga, Jorge Armando Ospina Bedoya, Luisa Daniela Pulgarín Acevedo y Luz Zoraida Albarracín Guzmán, a cambio de ubicarlos laboralmente a ellos o a sus familiares en el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- o en la Contraloría General de la República, cargos a los cuales Castaño Pérez podía acceder aprovechando su condición de Congresista”.