Capturados por muerte de una funcionaria de la Registraduría en Gamarra se declaran inocentes

Este miércoles, la Fiscalía judicializó a cinco personas, quienes habrían participado en la asonada a la sede de la Registraduría en Gamarra (Cesar), cuyo motín ocasionó la muerte de una funcionaria de esa entidad, identificada como Duperlys Arévalo, y lesiones a seis personas más (algunos funcionarios de la Policía).

A los ciudadanos Isaías Peña Oliveros, Yuberlis Bermúdez Rubiano, William Castro Torrado y Wilfrido Campos se les imputaron los delitos de: homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa e incendio. El último de los investigados es Julio Rojas Marín, procesado por el delito de violencia contra servidor público.

Las cinco personas no aceptaron los cargos, por lo que un juez de control de garantías envió a la cárcel a los primeros cuatro procesados, mientras que Rojas Marín deberá cumplir con esta medida de aseguramiento en su lugar de residencia 

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El caso ocurrió el pasado 28 de octubre (un día antes de las elecciones regionales), cuando un grupo de personas
se congregó en una estación de servicio del municipio, para manifestarse por la inhabilitación de un candidato a esa alcaldía, a última hora.

Los detenidos, según la Fiscalía, están involucrados en las agresiones a varios funcionarios que intentaban evitar que una multitud ingresara a la sede de la Registraduría Municipal; y el posterior incendio y destrucción de la sede de la autoridad electoral.

En la investigación, el ente acusador expuso que dos de los procesados habrían trasladado una pimpina de gasolina oculta en un coche de bebé, hasta el punto donde se generó la conflagración.