Caen 2 funcionarios de Oneida Pinto por irregularidades en contrato de mortalidad infantil
- Ratifican destitución por 10 años de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto
- Destituyen e inhabilitan por 10 años a Oneida Pinto, exgobernadora de La Guajira, por contrato de educación
Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento contra dos funcionarios de la alcaldía de Albania (La Guajira), por presuntas irregularidades en una contratación donde el objetivo principal era disminuir la mortalidad infantil en esa población. Por los mismos hechos se encuentra privada de la libertad la exgobernadora Oneida Pinto, quien tenía contacto cercano con los hoy detenidos.
Este es el resultado de la Fiscalía General de la Nación, que abrió una segunda línea de investigación sobre los contratos celebrados por la alcaldía en el año 2011, donde se evidenciaron irregularidades en convenios interadministrativos, que fueron suscritos con la ESE Hospital San Rafael de Albania, por un valor total de $18.600 millones y el objetivo principal era la reducción de la mortalidad infantil en el municipio dirigida a niños entre los 0 y 5 años.
En el proceso de ejecución de estos convenios se designaron diez coordinadores, quienes a su vez, subcontrataron con aproximadamente 1.600 personas para la materialización de la mencionada obligación contractual.
Según la investigación, para la época de los hechos Wisman Bolaños se desempeñaba como auxiliar administrativo de la alcaldía, y Jhan Carlos Serna como conductor privado de los hijos de la exgobernadora Pinto. Actualmente tenían una vinculación laboral con la alcaldía de Albania y seguían siendo del círculo de confianza de la familia Pinto en razón a que trabajaban con el exesposo de Oneida Pinto y actual alcalde de Albania, Pablo Parra.
La Fiscalía investiga a estas dos personas que sin tener relación con el programa, habrían cobrado cheques por $11.500 millones.
En el proceso se logró demostrar un peculado por $6.500 millones, dinero que habría sido llevado a la casa de la exgobernadora Pinto.
Para lograr el peculado se habría acudido a falsificar documentación del programa como contratos, firmas, cheques, comprobantes de pago y comprobantes de egreso.
Los capturados que fueron enviados a la cárcel deben responder por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad en documento público y privado.