Con la propuesta, el Gobierno busca invitar a las fuerzas políticas, autoridades locales y regionales, organizaciones gremiales, sindicales, sociales y comunitarias, empresarios, la iglesia y la sociedad civil a unirse en un diálogo político y social.
El objetivo es alcanzar un Acuerdo Nacional que, según lo manifestado por el Gobierno, priorice el respeto por la vida y la convivencia pacífica como pilares esenciales de la democracia, mejorar la calidad del debate político y fomentar consensos significativos sobre los temas que más impactan a la ciudadanía en Colombia.
Según el ministro Cristo, “se trata de un proceso inclusivo y participativo, que buscará una metodología para la construcción de consensos y acuerdos, convocando a las diversas instancias de diálogo institucional y a sectores sociales representativos”.
Las bases del Acuerdo Nacional
1). Seguridad y Erradicación de la violencia del ejercicio de la política
El primer punto de Acuerdo buscan promover la recuperación de los valores democráticos, moderar el lenguaje en el debate político, erradicar la estigmatización y respetar la diversidad y el disenso.
También sugiere acordar medidas para proteger la vida de líderes políticos, sociales y firmantes de paz, y fomentar un pacto político nacional para la reconciliación y convivencia pacífica en Colombia.
Las partes deben rechazar la violencia en política y excluir a candidatos con vínculos ilegales.
El Estado debe recuperar el control territorial, combatir a los grupos armados ilegales y desmantelar organizaciones criminales.
La paz será un objetivo central, avanzando con quienes demuestren voluntad real.
2). Respeto a las reglas electorales y al calendario electoral
Se debe garantizar la estabilidad de las reglas democráticas a nivel nacional, regional y local. No se promoverá la reelección ni la modificación de los periodos de los mandatarios de elección popular.
Como parte del Acuerdo Nacional, se buscarán consensos para reformar el sistema político y electoral, haciéndolo más eficiente y transparente, fortaleciendo los partidos y mejorando la financiación de campañas.
Cualquier cambio institucional deberá cumplir con los procesos y requisitos establecidos en la Constitución de 1991, garantizando la participación ciudadana, deliberación legislativa y controles de constitucionalidad.
3). Transformación territorial de los municipios más afectados por el conflicto
Es crucial impulsar la transformación de las 16 regiones donde se implementan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Independientemente de las diferencias políticas sobre el Acuerdo de Paz de 2016, se apoyará y trabajará con alcaldes, gobernadores, comunidades, sector privado, gobierno nacional y la comunidad internacional para mejorar la vida y seguridad de los 6,6 millones de habitantes en 170 municipios.
Solo una intervención integral en estos territorios evitará la repetición de la violencia. Esta intervención debe ser una prioridad del Estado y la sociedad, más allá de cualquier gobierno.
4). Crecimiento económico con equidad – Transformación de la economía
Es necesario avanzar hacia una economía más inclusiva, productiva y equitativa, que reduzca la desigualdad y el desempleo, mientras protege y conserva el medio ambiente.
Esta economía debe basarse en la educación, el talento, la tecnología, la conectividad, la transición energética, la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
Creemos que es posible fomentar, de manera concertada, el desarrollo rural integral y una agroindustria que cierre las brechas de desigualdad y proteja los recursos naturales.
También es crucial fortalecer la industria estratégica mediante la innovación, altos estándares de competitividad y políticas de crédito y apoyo a sectores clave como la agricultura, la industria y el turismo, para dinamizar la economía y generar empleo.
5). Compromiso con la deliberación argumentada y el trámite en el Congreso de las reformas sociales.
Es crucial avanzar en reformas sociales que mejoren el bienestar de los colombianos y consoliden la paz.
Se acordó trabajar con todos los partidos políticos en el Congreso para discutir y aprobar un grupo prioritario de proyectos de la agenda legislativa, respetando la oposición, fomentando la deliberación argumentativa, buscando consensos constructivos y manteniendo un diálogo respetuoso.