Llamado de atención a la JEP para que supere el represamiento de procesos

El Consejo de Estado le dio 10 días a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para que elabore un plan de acción concreto, que permita superar el represamiento actual de los procesos que llegan a la Sala de Amnistía o Indulto.

La decisión fue adoptada al estudiar el caso de un hombre que fue condenado por rebelión y le solicitó a la JEP que le concediera la amnistía para poder salir de la cárcel, pero, debido a que su requerimiento no fue atendido, interpuso un habeas corpus ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual fue negado.

El magistrado de la Sección Segunda, William Hernández, estudió el caso y encontró que se había superado el plazo de 10 días para que la JEP adoptara una decisión, debido al represamiento de los procesos en la Sala de Amnistía, que no ha permitido ni siquiera el reparto del mismo.

Según el alto tribunal, hasta el 21 de enero pasado existían 6350 casos pendientes por ser resueltos, puesto que a la fecha a penas se están repartiendo los asuntos recibidos en julio de 2018 en estricto orden de ingreso.

“Pese a que se ha aplicado un plan para agilizar este trámite, según lo reportado por una de las magistradas de la Sala de Amnistía de la JEP, de continuar la situación actual y si no se adoptan otras medidas urgentes y de choque para solventar esta situación, pasarán varios meses sin que casos como el presente sean, al menos, repartidos a los magistrados de la Sala de Amnistía o Indulto para su análisis”, indica el fallo.

Por esto, el Consejo de Estado le dio un plazo a la Secretaría Ejecutiva de la JEP para que gestione los recursos humanos y técnicos necesarios que permitan superar el represamiento en el reparto de los procesos.

“Este plan deberá priorizar el reparto de las peticiones sobre beneficios de libertad para que proceda su análisis al interior de la sala en mención”, indica el fallo. 

La sentencia también le pide a la Procuraduría que designe un funcionario de la entidad para que haga un seguimiento a la situación y entregué un informe.

“Para que, con base en ello, el órgano de control pueda hacer las gestiones y peticiones que correspondan ante la JEP, el Gobierno Nacional y las demás autoridades que tengan capacidad de acción y decisión para superar la crisis presentada y garantizar los derechos fundamentales”, puntualizó la decisión.