‘La corrupción ha afectado las democracias de América Latina y Colombia’: Minjusticia

En el marco de la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales fue presentada la propuesta de Política Criminal Electoral en lo establecido de la Ley 1864 de 2017 por medio de la cual se dictan otras disposiciones para proteger los mecanismos de participación democrática. El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero fue enfático al señalar que esta cartera trabaja para garantizar la transparencia e incentivar los valores democráticos.

Dicho documento que aún está en construcción fue trabajado en conjunto con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con este se busca comprender los fenómenos criminales relacionados con la participación democrática así como formular una política criminal electoral que incorpore mecanismos de prevención, investigación, juzgamiento y sanción.

Para Gil, lo importante de este trabajo es hacer visible el valor del derecho al voto, a ser elegido y de las elecciones. “La corrupción infecta el sistema legal, ahonda la pobreza, la miseria y las diferencias sociales, impide el desarrollo de infraestructuras y la prestación de los servicios públicos de salud, educación, vivienda, saneamiento básico y promueve la violencia que alimenta el narcotráfico, la minería ilegal”, indicó el alto funcionario.

Del mismo modo, Gil Botero dijo que el Estado debe tener una respuesta a través de una política que combine distintas estrategias y tenga como finalidad identificar y sancionar a quienes acudan a vías ilegales, así como desmantelar las organizaciones que facilitan la compra y venta de votos, de este modo según lo informó mejorarán las prácticas ciudadanas y comunitarias al momento de votar.