Fiscalía deberá pagar más de $7.300 millones por detenciones injustas
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El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía a reparar a las familias de 29 personas que fueron detenidas en Quinchía, Risaralda por supuestos nexos con la subversión que nunca pudieron ser probados. Por la privación injusta de la libertad de esos ciudadanos, la entidad deberá pagar más de 7.300 millones de pesos.
En septiembre del 2003 se desarrolló una operación, en la que se capturaron y aseguraron a estas personas, que meses después terminaron siendo acusadas de rebelión, terrorismo, concierto para delinquir y algunas de ellas de secuestro extorsivo.
En julio del 2005 un fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Risaralda revocó la medida de aseguramiento y precluyó la investigación por falta de elementos materiales probatorios que sustentaran la tesis de la parte acusadora en torno a los supuestos nexos de estas personas con grupos guerrilleros.
Los investigados interpusieron una acción de reparación directa a la que parcialmente accedió el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda en el 2011. Esa corporación concluyó que la actuación de la Fiscalía fue desproporcionada, pues emitió una serie de decisiones que privaron a los demandantes de su libertad, con base en testimonios no contrastados de exmilitantes de la guerrilla del EPL.
Tras la apelación al fallo de reparación directa, el Consejo de Estado ratificó la responsabilidad del ente investigador.