Consejo de Estado ordena estudiar demanda contra la Nación por genocidio de la UP
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06/10/2107
El Consejo de Estado ordenó al Tribunal Administrativo de Antioquia estudiar la demanda interpuesta contra la Nación por los familiares de Dámaso Antonio Díaz Tapias, un integrante de la Unión Patriótica asesinado en febrero de 1990.
Este tribunal rechazó en diciembre de 2016 la acción de reparación tras considerar que no fue interpuesta de manera oportuna, ya que, la norma establece un término de dos años para reclamar la responsabilidad de la Nación, contados desde el momento en que sucede el hecho, y dicha muerte se produjo en 1990.
Sin embargo, un Auto del consejero Danilo Rojas Betancourth, de la Sección Tercera, determinó que se encuentra establecido que los crímenes cometidos contra integrantes de la UP fueron actos de lesa humanidad debido a la persecución que sufrió este grupo político, por lo cual, el límite de tiempo no opera en este caso.
Díaz Tapias era concejal del municipio de Mutatá, Antioquia, para el periodo de 1988 a 1990 y el 22 de febrero de 1990 en una de las calles de esa población, desconocidos lo asesinaron con un arma de fuego.
El crimen provocó el desplazamiento forzado de miembros de su familia, quienes son los actuales demandantes.
El Consejo de Estado enfatiza entonces que, “la condición de víctimas de desplazamiento forzado permitía que hasta tanto no se restablecieran los derechos, estaría suspendida la contabilización de la caducidad para el reclamo de los perjuicios causados. Igualmente, la muerte de Dámaso Díaz como miembro de la U.P. hacía parte de los considerados delitos de lesa humanidad, lo que la convertía en imprescriptible”.