Corte Suprema de EE. UU. debate polémica pregunta que Trump quiere incluir en censo
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El Tribunal Supremo de Estados Unidos evaluará el plan del presidente Donald Trump para incluir una pregunta sobre ciudadanía en la encuesta del censo de 2020, visto por varias ONG como un intento por invisibilizar a la comunidad hispana e impedirle el acceso a beneficios económicos.
Los nueve magistrados del máximo tribunal (cinco conservadores y cuatro progresistas) estudiarán la propuesta durante una audiencia de 80 minutos, aunque no se espera un fallo hasta junio de este año.
El censo, que se renueva cada diez años, es una herramienta clave a la hora de determinar el reparto de fondos federales, de asignar escaños a la Cámara de Representantes y a las cámaras estatales, así como fijar la representación del Colegio Electoral.
La elaboración del censo en EE.UU., donde se calcula que viven en torno a 11 millones de inmigrantes indocumentados, actualmente se realiza sin preguntar sobre el estado legal de los encuestados.
Desde 1950, el censo no ha incluido ninguna cuestión sobre ciudadanía; pero el año pasado el Gobierno de Trump anunció su decisión de preguntar sobre ello para poder implementar mejor la Ley del Derecho al Voto de 1965, que prohíbe la discriminación por idioma o color de piel.
De esa forma, el Ejecutivo de Trump argumenta que la pregunta sobre ciudadanía garantizará una “justa” participación electoral y asegura que su decisión es de carácter técnico y no político, puesto que responde a una solicitud del Departamento de Justicia, encargado de implementar la Ley del Derecho al Voto.
Frente a ello, 18 estados, 15 ciudades y varias ONG consideran que, en realidad, el objetivo del mandatario es invisibilizar a la comunidad latina porque, al incluir esa pregunta, muchos hispanos evitarán responder para no exponerse o exponer a sus seres queridos.
La consecuencia de esa baja participación será menos recursos para las comunidades latinas y una menor influencia política en el Congreso para aquellos estados con una gran población de indocumentados, aseveran los demandantes, entre los que se incluye el estado de Nueva York.
El caso que estudiará el Supremo proviene de Nueva York, donde en enero el magistrado Jesse M. Furman bloqueó el plan del censo elaborado por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, de cuya oficina depende este proceso.
El caso ha generado gran revuelo en Estados Unidos y se espera que grupos defensores de los inmigrantes y de los derechos civiles, como ACLU, se manifiesten ante la sede del Supremo.