CIDH denuncia crisis humanitaria en Colombia por el fenómeno migratorio en el Darién

“Colombia es un país caracterizado por la extrema desigualdad y pobreza, con una débil o inexistente presencia del estado en territorios donde hay un fuerte accionar de grupos armados no estatales.” así lo dijo la Comisión interamericana de Derechos Humanos, al señalar que hay una crisis humanitaria y un abandono estatal en el manejo de la migración por el Darién.

Tras cinco días de visita en el país, la CIDH denunció el abandono estatal en el manejo de la migración por el Darién y en territorios donde ejercen control territorial nuevos grupos armados que ocupan el espacio que dejaron las exFarc.

El Estado solo tiene una presencia marginal en muchos territorios rurales, que siguen careciendo de seguridad adecuada, servicios sociales, acceso a la educación o infraestructuras básicas. Sin acceso a tierras productivas ni a recursos económicos, muchas personas se ven condenadas al desempleo o a aceptar salarios precarios para poder subsistir, circunstancia que aprovechan los grupos armados para reclutar principalmente a niñas, niños y adolescentes, dice en su informe la CIDH.

“Históricamente, la discriminación se ha manifestado en la negación de la existencia de diversas comunidades. A través del racismo estructural se ha excluido a pueblos indígenas y Rrom, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Paralelamente, el patriarcado ha creado una jerarquía de género que subordina a mujeres, adolescentes, niñas y personas LGBTI. Estas formas de discriminación se intensifican en su intersección con dimensiones económicas, que han fortalecido el proceso de exclusión social y política. El acceso al agua, la alimentación y otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales sigue siendo una deuda hacia las personas más pobres y las comunidades en zonas alejadas.”, señala el informe de la Comisión.

También puedes leer: Cancilleres de Colombia y Argentina zanjan crisis tras las palabras de Milei contra Petro

Según la CIDH, hay una insuficiente implementación del Acuerdo de Paz, lo que ha permitido el surgimiento de nuevos grupos armados no estatales, grupos criminales y el desarrollo de economías ilícitas, en particular, la minería ilegal, el tráfico de drogas y de personas.

“El diseño institucional para la implementación del acuerdo de paz ha quedado fragmentado en diferentes entidades del Gobierno Nacional. Se observa una descoordinación en tres niveles: entre las instituciones del ámbito nacional con planes de acción específicos que no dialogan entre sí; entre las agencias del orden nacional y las autoridades departamentales y municipales, que no reciben los recursos; y entre estas con las comunidades, que reclaman una participación efectiva. La comisión alienta a que la construcción de los planes de acción territorial priorice este diálogo, en línea con el acuerdo de paz, y que lo que se pacte efectivamente se ejecute.”, advierte.

A lo que se suma una crisis humanitaria por la alta presencia de migrantes en el Darién, y el abandono estatal de los extranjeros que por allí pasan rumbo a Estados Unidos.

“Existe una crisis humanitaria derivada del flujo masivo de personas en movilidad venezolanas, haitianas, ecuatorianas y de países extra regionales, cinco (5) aumentando el ya existente riesgo de trata de personas, explotación sexual y otras formas contemporáneas de esclavitud. El Estado ha avanzado con algunas políticas de protección y garantía de derechos de personas en movilidad. Sin embargo, el déficit de protección es enorme, y existen necesidades humanitarias urgentes que tienen que ser atendidas por las instituciones públicas.”, agrega.

La CIDH denunció impunidad sistemática en las investigaciones sobre el asesinato de líderes sociales, defensores de DD. HH. y firmantes de paz.

“La reconfiguración del conflicto armado sigue socavando la seguridad, el desarrollo y el disfrute de los derechos humanos en el país. Esto se refleja en el alarmante número de asesinatos, amenazas, hostigamientos y estigmatizaciones, entre otras, contra personas firmantes del acuerdo de paz, defensoras y líderes sociales y comunitarios, especialmente las que participan activamente en el reclamo de tierras y la protección del medio ambiente. Rambién se documentaron graves hechos de violencia contra periodistas.”, remata.