El cartel de Medellín y las tierras en la Isla Barú
Un abogado que ha representado a una familia en el litigio por una herencia asegura que los obstáculos que ha enfrentado tienen como origen a la esposa de Fabio Ochoa, uno de los jefes del Cartel de Medellín que paga prisión en Estados Unidos.

Un abogado que ha representado a una familia en el litigio por una herencia asegura que los obstáculos que ha enfrentado tienen como origen a la esposa de Fabio Ochoa, uno de los jefes del Cartel de Medellín que paga prisión en Estados Unidos.
Ellos han escuchado a la esposa del mafioso decirles en repetidas ocasiones que nada pueden en su contra, porque la justicia está del lado de ella.
Ella es Beatriz González. Es la esposa de Fabio Ochoa Vásquez, el hijo menor de Fabio Ochoa del Cartel de Medellín, que fue extraditado en 2001 a Estados Unidos por reincidir en narcotráfico. González de Ochoa terminó comprándole 26 hectáreas de un terreno de la Isla Barú a los usurpadores de un predio que tenía herederos despojados.
“Se lo venden a una empresa que se llama Prodetur S.A. que es de los Ochoa, ahí ellos compran el predio en el 98 por 262 millones de pesos cuando realmente por manifestación inclusive de la misma señora González, lo habían comprado por cinco mil millones de pesos”, dijo el abogado Luis Alfonso Barrios.
En un video grabado y editado por la propia esposa de Fabio Ochoa, ella califica a los herederos despojados como intrusos de su propiedad.
El abogado Barrios, que junto con su familia hacen parte del grupo de los despojados, denunció que el matrimonio Ochoa–González tiene de su parte a la justicia.
“Ella inclusive me lo manifestó a mí, que ellos tenían el dinero y el poder para manejar los procesos, que tenían a un magistrado, Francisco Ricaurte y las decisiones evidencian que sí se ha manipulado”, agregó.
Por eso Beatriz de Ochoa les argumentó que no pelearan la entrega del terreno.
Los Barrios que se quedaron sin la herencia de los terrenos de la isla de Barú que les correspondía, le enviaron entonces una solicitud a la Corte Constitucional para que haga respetar los derechos que ellos consideran que tienen desde 1924 pero que las Cortes, hasta hoy, les han negado. Y denunciaron a los magistrados presuntamente implicados en la Comisión de Acusaciones.
“Y estamos esperando que la Comisión de Acusación vincule ya a los magistrados de la sala civil y se establezca la responsabilidad de ellos en esto porque realmente existe un prevaricado en esa decisión”.
La familia Barrios también busca que la Fiscalía no ocupe el predio con fines de extinción de dominio por estar vinculada al Cartel de Medellín porque la posesión de la familia ocurre después del despojo de los legítimos herederos: los Barrios.