Desmovilización de guerrilleros de las Farc podría costar hasta $ 2.7 billones: Contraloría

Un estudio de la Contraloría General reveló que ante un posible proceso de desarme, desmovilización y reintegración de los guerrilleros de las Farc, el Estado tendría que hacer una inversión entre 1.8 y 2.7 billones de pesos.

Los cálculos fueron hechos con base a la desmovilización de 34.281 personas durante 2006 hasta 2014, motivo por el cual, el organismo de control aclara que por persona se invirtió cerca de 66.7 millones de pesos, a precios estables de 2013 y agrega que “probablemente, serán destinados mayores recursos por el otorgamiento de beneficios adicionales que podrían incluirse en los acuerdos”.

Con respecto a la reparación económica de las víctimas, la Contraloría evidencia en su estudio que aunque algunos de los desmovilizados han entregado sus bienes a la Fiscalía y al Fondo de Reparación de la Unidad de Víctimas, el valor resulta menor al de las indemnizaciones otorgadas por el Gobierno.

“Una alta proporción del valor de las sentencias de Justicia y Paz, se ha financiado con recursos del presupuesto nacional y no con los bienes entregados por los desmovilizados condenados en dichas sentencias”, indicó la entidad.

Estas son algunas de las conclusiones del estudio de la Contraloría:

Se requiere un período prologado de intervención

Con relación a la implementación de la Ley de Justicia y Paz se observa que una alta proporción de los desmovilizados postulados a recibir beneficios han sido excluidos de estos procesos judiciales, debido a que han renunciado o incumplido con los requisitos exigidos, luego de la verificación realizada.

Respecto del proceso de reintegración de las personas desmovilizadas de grupos armados al margen de la Ley, se observa que la gran mayoría de quienes ingresaron aún se encuentran en el proceso (85 %) y se destaca que el 12 % culminó efectivamente las actividades programadas en la Ruta de Reintegración.

De lo anterior se deduce que existe una alta permanencia en el proceso de reintegración y que se requiere un período prolongado de intervención (inclusive superior a 8,5 años, correspondiente al período de análisis), advierte el estudio de la Contraloría.

Se ha dado prioridad a los apoyos económicos

Con base en la información disponible, se estima que una proporción significativa de los recursos ejecutados por la Agencia Colombiana para la Reintegración se dirigió a los apoyos económicos para las personas vinculadas al proceso.

Por el contrario, otros componentes de atención que también son relevantes en el desarrollo de la Ruta de Reintegración, tales como la formulación e implementación de proyectos productivos y las actividades de reintegración comunitaria y de servicio social en las comunidades receptoras de desmovilizados, registraron una participación baja en los recursos ejecutados por la Agencia, lo cual indica que estos componentes han tenido una menor prioridad en el proceso.

Durante el período que abarca el estudio de la Contraloría se realizaron dos procesos de desarme y desmovilización. En primer lugar, se encuentran las desmovilizaciones colectivas producto de la negociación con los grupos de autodefensa (AUC); y, en segundo, las desmovilizaciones individuales, que corresponden en su mayoría a miembros de la subversión (FARC y ELN) que han desertado de sus filas.

Al respecto, se encontró que el número de desmovilizados en los dos tipos es similar. Los primeros se concentran en los años 2006 y 2007, mientras que los segundos se han dado a lo largo de todo el periodo analizado. Sin embargo, estos últimos han ido disminuyendo continuamente desde el año 2008, lo cual puede obedecer al menor tamaño en las estructuras de estos grupos armados.

Igualmente, se observó que el costo promedio de atención por cada desmovilizado es mayor en los procesos de desarme y desmovilización individuales, en comparación con los colectivos.