Así fue la “voltereta” de Bustos y Moreno al proceso de senador Hernán Andrade en la Corte Suprema
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La voltereta del caso Hernán Andrade tituló en su más reciente edición la revista Semana, su historia sobre el giro que dio en la Corte Suprema, y a su favor, el proceso contra ese senador conservador. Durante años no se pudo resolver hasta cuando el congresista contrató al extraditable Gustavo Moreno, quitándole el poder a un reputado penalista.
Según la Revista Semana, en la sorpresiva reversa de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el proceso contra el senador Hernán Andrade, que inicialmente tenía un proyecto en contra del político conservador y que después fue cambiado a su favor, habría intervenido el cuestionado magistrado Leónidas Bustos.
La Corte inició una investigación contra Andrade por, supuestamente, haber recibido en 2008 cerca de $250 millones de Armando Cabrera, conocido cerebro del desfalco de Cajanal. Los delitos que se le investigaban era enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento público.
Semana también sugiere que el curso del proceso de Andrade dio un giro a favor cuando ese congresista contrató a Gustavo Moreno, hoy pendiente de ser extraditado por corrupción y conocido aliado de Leónidas Bustos.
Noticias Uno, revisando detalles del proceso, supo que Moreno no fue el único apoderado de Andrade sino el último. Antes fue representado por Carlos Augusto Gálvez Argote y Jesús Orlando Gómez, dos de los juristas más respetados en el gremio.
La situación jurídica de Andrade llegó en 2012 a manos de la magistrada María del Rosario González, quien tenía fama de incorruptible, pero el proceso no avanzó por oposición del propio Bustos.
Y otro detalle desconocido: antes de que el proceso contra el dirigente conservador llegara a manos del magistrado Luis Guillermo Salazar, Bustos lo pidió para estudio, teniéndolo en su oficina dos meses. Solicitó pruebas adicionales, lo que alargó la decisión.
Gustavo Moreno en 2014 asumió la defensa de Andrade. De repente, todo cambió. El proceso precluyó rápidamente en el despacho del magistrado Luis Guillermo Salazar, a quien también se le conoció por ser cercano de Bustos. Para justificar su cambio de análisis, el alto tribunal dio explicaciones vagas, eludió algunos argumentos y presuntamente desapareció otros.