Avanza la Paz Total con la instalación del Espacio de Conversación Sociojurídica para la Paz Urbana en Buenaventura
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Se instaló en Buenaventura el espacio de conversación socio-jurídica para la paz urbana en presencia de miembros de la comunidad, víctimas de la violencia, representantes de sectores sociales y económicos del municipio, y acompañantes de la iglesia católica, la misión de verificación de la ONU y la MAPP-OEA.
Tras una fase de acercamientos y generación de confianza, el gobierno y los representantes de las bandas de los ‘Shotas’ y los ‘Espartanos’ dieron este segundo paso en busca de la paz urbana.
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“Superadas esas desconfianzas nos permitió avanzar para dar este segundo paso” dijo desde buenaventura el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda.
Estas dos estructuras armadas ilegales operan en el área urbana de buenaventura y están conformadas por cerca de 1.700 personas, en su mayoría jóvenes. Para este proceso ya designaron a sus voceros.
“Son voceros y pedimos respetuosamente sin cuestionar y limitar el ejercicio de la libertad de expresión que se respete esa categoría” pidió el comisionado.
“Son voceros, no son parte de la estructura armada de Shotas ni de espartanos” , aclaró Rueda.
El espacio de conversación socio-jurídico con las estructuras armadas de Buenaventura tiene como principales objetivos la reducción de la violencia armada en el municipio y , el tránsito hacia el Estado Social de Derecho y el desarrollo de un ejercicio de construcción de paz, con la participación de los sectores sociales de Buenaventura, que parta de la identificación de las causas de la violencia y movilice la implementación armónica y coordinada de los programas de Gobierno.
Esta estrategia, orientada a garantizar la no repetición de la violencia a partir de las transformaciones territoriales necesarias para interrumpir el ciclo de la violencia en la ciudad puerto, se ha consignado en el plan nacional de desarrollo 2022 – 2023 “Colombia, potencia mundial de la vida”.
Para avanzar en estas conversaciones no es indispensable un marco jurídico de sujeción colectiva a la justicia, pues la ley 2272 de 2022 faculta al gobierno nacional para tener conversaciones con los integrantes de este tipo de estructuras, en aras de garantizar la seguridad humana y la paz para la población.
Los términos del proceso de sujeción a la justicia y de la incorporación de sus integrantes a la sociedad civil serán objeto de discusión en el congreso de la república, en donde se tendrán mayores y mejores elementos objetivos derivados del avance de los espacios de conversación socio jurídica.
El desmantelamiento de las estructuras armadas y la incorporación de sus integrantes a la sociedad son el fin último de este proceso de paz urbana, explicó la oficina del alto comisionado para la paz.