¿Quién responderá por el desfalco de los carrotanques?
Según Sneyder Pinilla, exdirector de la Ungrd, el dinero, supuestamente destinado a la compra de carrotanques para La Guajira, fue entregado en efectivo en maletas cargadas de billetes de alta denominación a altos funcionarios del Congreso.
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Un exfuncionario colombiano, Sneyder Pinilla, desató un terremoto político al revelar el uso de fondos de la estatal Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para sobornar a altos funcionarios del Congreso con el propósito de aprobar reformas sociales impulsadas por el Gobierno.
En una entrevista con la revista Semana, Pinilla, quien ocupó el cargo de subdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd hasta marzo del presente año, detalló cómo se canalizaron millones de pesos para cohechar al presidente del Senado, Iván Name, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, con el fin de obtener respaldo para las reformas en salud, pensiones y laboral.
Según las declaraciones de Pinilla, entre septiembre y octubre del año pasado, se utilizaron recursos de la Ungrd para entregar 3.000 millones de pesos a Name y 1.000 millones de pesos a Calle. Estos fondos, supuestamente destinados a la compra de carrotanques para La Guajira, fueron entregados en efectivo en maletas cargadas de billetes de alta denominación.
Ese dinero supuestamente lo dio un contratista al que el Gobierno le encargó la compra de decenas de camiones cisterna para abastecer de agua al departamento caribeño de La Guajira, un proyecto que acabó siendo un fiasco porque los vehículos adquiridos no cumplían las condiciones técnicas, entre otras fallas.
Además de los presidentes del Legislativo, Pinilla señaló la participación en este supuesto entramado de corrupción del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz.
Ante las acusaciones, la Presidencia de Colombia emitió un comunicado reafirmando su “cero tolerancia con hechos de corrupción” y anunció la creación de una mesa técnica para investigar el uso indebido de recursos públicos, con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos.
Por su parte, Iván Name rechazó las acusaciones afirmando que “dichas versiones no corresponden a la realidad”, destacando su trayectoria de más de 45 años en la vida pública. En tanto, el abogado defensor de Pinilla manifestó la disposición de su cliente a devolver el dinero supuestamente malversado.
Ante la gravedad de las revelaciones, Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y cercano al presidente Petro, exigió el apartamiento de Sandra Ortiz del Gobierno mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.
Las denuncias de corrupción formuladas por Pinilla han sacudido los cimientos del entorno político colombiano, generando un profundo impacto y desatando una serie de reacciones y exigencias de transparencia y rendición de cuentas en el ámbito gubernamental.